Señor Director:
A hoy, más de mil argentinos- militares, policías, gendarmes y civiles- han muerto en prisión por el crimen imperdonable de haber obedecido órdenes y enfrentado a la subversión. No llamemos a esto “genocidio”; hacerlo sería volver a arrastrar por el barro una palabra que debería ser sagrada, y ponernos al nivel de esos sacerdotes del número inventado, los devotos del mito de los 30.000, que repitieron su salmodia de humo hasta convertirla en dogma. Sabían -pero jamás lo admitirán- que era un truco para que los pistoleros de ayer siguieran manejando, con su soberbia de verdugo reciclado, la justicia de esta democracia de políticos cobardes, mercaderes corruptos y penitentes sin honra. Democracia que amparó a los mismos que, en los años de plomo, vendieron en libras de carne- para salvar su propio resuello- a los pobres perejiles que confiaron en ellos. Carne que sigue cotizando en indemnizaciones obscenas, pagadas una y otra vez, como si el país fuera un ara corrupta donde se sacrifica la verdad para que los embusteros cobren su diezmo.
A hoy, más de mil argentinos -militares, policías, gendarmes y civiles- han muerto en prisión y sepamos que, desde este preciso momento, seguirán siendo asesinados los que aún sobreviven a cárceles infectas y persecuciones sádicas de jueces, fiscales y la baba querellante, siempre ávida de nuevas condenas e indemnizaciones. Porque no nos engañemos, en Argentina el estado de derecho murió el 13 de diciembre de 1983, cuando Alfonsín -para pagar sus deudas con la social democracia europea- violó la Constitución Nacional, y la página donde estaba escrito el artículo 18 pasó a ser una hoja de papel higiénico. Desde entonces, la irretroactividad de la ley, los jueces naturales y la presunción de inocencia se convirtieron en chistes malos. Y cuando el más corrupto de los presidentes que soportó la república pactó con la izquierda el silencio sobre sus robos a cambio del desguace de las Fuerzas Armadas y la prisión de quienes combatieron a la subversión, quedó cerrado un círculo vicioso que transformó al poder judicial en una cueva de prevaricadores, farsantes y testigos falsos. A hoy, más de mil argentinos -militares, policías, gendarmes y civiles- han muerto en prisión. Pero junto con ellos muere, en lenta agonía, la república. Porque cuando en un país se mancilla la Constitución para fines espurios y nadie se planta; cuando ningún juez siente el peso de la vergüenza por prestarse a persecuciones y venganzas; cuando los obispos miran para otro lado, los jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad juegan al gran bonete, los empresarios continúan con sus negociados y los políticos roban sin freno, cualquiera, poco avisado, puede creer que vive en un país. La verdad es más dura, vive en un pedazo de tierra que hace cincuenta y tres años dejó de ser nación.
JOSE LUIS MILIA
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