LA DIPUTADA LOURDES ARRIETA LLEVA AL CONGRESO EL TEMA IOSFA.
La obra social de militares, gendarmes y prefectos atraviesa su etapa más crítica. El próximo 30 de septiembre, fecha límite para varios procesos iniciados por el cierre del IOSFA, podría dejar sin trabajo a cientos de personas y modificar de manera definitiva el modo en que los afiliados acceden a prestaciones básicas.
La tensión escaló en las últimas horas: la diputada nacional Lourdes Arrieta invitó a sus colegas a recibir en el Congreso a trabajadores del IOSFA y del CITEDEF, para escuchar sus reclamos y analizar los proyectos presentados sobre el futuro de ambos organismos.
Según denuncia ATE, alrededor de 600 puestos estarían en riesgo en todo el país. Unos 400 contratados llegan al 30 de septiembre con sus vínculos vencidos y sin renovación confirmada, mientras que los empleados de planta permanente podrían pasar a “disponibilidad”, con el consecuente riesgo de perder su puesto en meses.
El panorama también afecta directamente a los afiliados. Desde el 1 de octubre, el IOSFA en liquidación dejaría de disponer de hoteles propios para quienes deben viajar por derivaciones médicas. Eso significa que deberán pagar alojamiento por adelantado y luego gestionar el reintegro, una carga económica difícil de sostener para muchas familias de militares, gendarmes y prefectos.
El conflicto se enmarca en la aplicación del DNU 88/2026, que dividió la cobertura entre la OSFA, para las Fuerzas Armadas, y la OSFFESEG, para Gendarmería y Prefectura. Pero la transición no está exenta de cruces: el IOSFA arrastra una deuda millonaria con prestadores y, según los gremios, los plazos dispuestos para el traspaso de personal e inmuebles apuran un cierre sin certezas.
En medio de la disputa, el ministro de Defensa, Carlos Presti, pidió la renuncia al responsable de liquidar el organismo y este lunes asumirá un nuevo auditor. ATE, por su parte, ocupó la sede central y advirtió que no permitirá despidos masivos.
Para los trabajadores y sus familias, el miércoles no será solo una fecha administrativa. Será una prueba concreta de si el Estado garantiza continuidad laboral y asistencia efectiva, o si el cierre del IOSFA se consuma dejando en el camino a cientos de personas que sostenían un servicio esencial para las fuerzas de seguridad y sus familias.
