LA DIPUTADA LOURDES ARRIETA LLEVA AL CONGRESO EL TEMA IOSFA.

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El IOSFA llega al Congreso en la semana clave: cientos de empleos quedan en el aire La obra social de militares, gendarmes y prefectos atraviesa su etapa más crítica. El próximo 30 de septiembre, fecha límite para varios procesos iniciados por el cierre del IOSFA, podría dejar sin trabajo a cientos de personas y modificar de manera definitiva el modo en que los afiliados acceden a prestaciones básicas. La tensión escaló en las últimas horas: la diputada nacional Lourdes Arrieta invitó a sus colegas a recibir en el Congreso a trabajadores del IOSFA y del CITEDEF, para escuchar sus reclamos y analizar los proyectos presentados sobre el futuro de ambos organismos. Según denuncia ATE, alrededor de 600 puestos estarían en riesgo en todo el país. Unos 400 contratados llegan al 30 de septiembre con sus vínculos vencidos y sin renovación confirmada, mientras que los empleados de planta permanente podrían pasar a “disponibilidad”, con el consecuente riesgo de perder su puesto en mes...

LA SIGUEN AFANANDO.

IOSFA: contratación millonaria bajo la lupa
Por El Suboficial
En medio del proceso de disolución y liquidación del IOSFA, una contratación por $136.080.000 vuelve a poner bajo la lupa la administración de los recursos de la obra social.
Según la documentación citada por Realpolitik, el organismo adjudicó mediante contratación directa por especialidad 04/2026 el mantenimiento del sistema informático SIACC a Diego Eduardo Vecchio, por seis meses y con opción de prórroga.
El dato más llamativo es que solo se presentó una oferta: la del propio Vecchio.
Un proveedor que ya había sido observado
El SIACC es un sistema estratégico para compras, medicamentos, stock, proveedores y prestaciones sanitarias.
Pero existe un antecedente relevante: informes de la Auditoría Interna del IOSFA ya habían señalado a Vecchio como proveedor del SIACC que prestaba servicios sin contrato vigente, por lo que determinados pagos se realizaron bajo la figura de “legítimo abono”.
Uno de los informes mencionados registra pagos por $26.477.013,13 vinculados al sistema.
La pregunta central es inevitable: ¿cómo se pasó de una situación observada por Auditoría a una contratación directa posterior por $136 millones?
Más interrogantes
El presupuesto estimado era de $129.600.000, pero la adjudicación alcanzó $136.080.000, es decir, $6.480.000 más.
Además, el pliego original contemplaba la modernización del SIACC y su migración a una arquitectura web. Sin embargo, luego de consultas realizadas por Vecchio, el IOSFA modificó el pliego y eliminó ese apartado.
El mismo proveedor que realizó las consultas terminó siendo el único oferente y adjudicatario.
A esto se suma que la Orden de Compra N.º 35/2026 aparece en la documentación con la leyenda “Anulada”, generando dudas sobre si fue reemplazada, corregida o dejada sin efecto y si se realizaron pagos.
Las preguntas que deben responderse
Corresponde que el IOSFA y los organismos de control aclaren:
¿Por qué se utilizó contratación directa?
¿Por qué hubo un único oferente?
¿Qué observaciones había realizado Auditoría sobre Vecchio?
¿Qué pagos recibió anteriormente bajo “legítimo abono”?
¿Por qué se eliminó la modernización del pliego?
¿Qué relación existe entre Vecchio y XOFT TECH SRL?
¿Qué ocurrió con la Orden de Compra 35/2026?
¿Cuánto dinero se pagó finalmente?
El derecho de los afiliados
En plena liquidación del IOSFA, la transparencia debe ser absoluta.
No alcanza con determinar si una contratación fue formalmente posible. También es necesario saber si fue necesaria, conveniente y económicamente razonable.
Los recursos administrados por el IOSFA pertenecen, en definitiva, a sus afiliados. Por eso, cada contratación millonaria debe poder ser explicada y documentada.
Desde El Suboficial reclamamos transparencia y respuestas concretas.
Si el procedimiento fue correcto, las autoridades deben explicar sus fundamentos. Si existieron irregularidades, deberán intervenir los organismos de control y determinar las responsabilidades correspondientes.
Los afiliados tienen derecho a saber cómo se administra su obra social.

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