DEMOCRACIA VS LIBERTARISMO.

¿Puede un libertario gobernar democráticamente? El dilema que pone a prueba a la Argentina

Por Daniel SANTEUFEMIA

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Buenos Aires — Javier Milei asumió la presidencia con un discurso que pocos meses atrás parecía relegado a los márgenes de la teoría política. "El Estado no es la solución, es el problema", repite desde el balcón de la Casa Rosada. Pero el problema, para sus críticos, es otro: ¿puede un gobierno que se declara abiertamente enemigo de la democracia gobernar usando sus herramientas? ¿O acaso el solo hecho de haber ganado en las urnas convierte a su proyecto en democrático?

La pregunta no es menor. El libertarismo, en su vertiente más radical —la que suscribe el propio Milei—, considera a la democracia como un sistema intrínsecamente opresivo. Para Hans-Hermann Hoppe, el filósofo de cabecera del presidente, existe una relación "mutuamente excluyente entre democracia y una sociedad basada en el derecho absoluto de propiedad". En otras palabras: si la propiedad privada es sagrada, cualquier decisión mayoritaria que pretenda gravarla o regularla es, por definición, una agresión.

El choque de principios

El núcleo del conflicto es filosófico y se resume en dos concepciones irreconciliables. Para el libertarismo, la propiedad precede a la política. Es un derecho natural que el Estado no crea, sino que debe custodiar. La democracia, en cambio, se funda en la soberanía popular: las leyes emanan de la voluntad colectiva, y esa voluntad puede —y suele— imponer impuestos, regulaciones y servicios públicos que el libertario considera expropiaciones forzadas.

El propio presidente lo ha expresado sin rodeos: el cobro de impuestos es equiparable a "una mutilación o trabajo esclavo". Desde esa perspectiva, un sistema que legitima esa práctica no puede ser sino una tiranía encubierta. No es una crítica menor al funcionamiento institucional; es un ataque a la legitimidad misma del régimen democrático.

Pero la realidad política es tozuda. Milei llegó al poder por la vía que cuestiona: elecciones libres, competencia partidaria, voto popular. Y allí aparece la primera paradoja. Si la democracia es el problema, ¿cómo se explica que haya sido el mecanismo que lo llevó a la solución? Sus defensores sostienen que no hay contradicción: el pueblo votó mayoritariamente por un programa de desmantelamiento estatal. Aplicarlo no es antidemocrático; es cumplir con el mandato popular.

El laboratorio argentino

Argentina se ha convertido, quizás sin proponérselo, en el mayor experimento político del siglo XXI: un gobierno de inspiración anarcocapitalista que intenta gobernar con las reglas de un sistema que desprecia. El resultado, hasta ahora, es una tensión constante.

Por un lado, el gobierno utiliza todas las herramientas del Estado democrático: decretos de necesidad y urgencia, sesiones del Congreso, diálogo con gobernadores, incluso la consulta popular, tal como ocurrió con el reciente plebiscito sobre el Presupuesto. Por el otro, sus funcionarios no ocultan su desdén por las instituciones. El propio Presidente ha calificado al Congreso como "una morsa" que obstaculiza la transformación del país.

Esta dualidad genera un interrogante incómodo: ¿es democrático un gobierno que, respetando los procedimientos, busca vaciar al Estado de contenidos democráticos? ¿O la democracia exige algo más que el mero cumplimiento de las formas?

Dos visiones en pugna

Para los críticos, la respuesta es clara: no hay compatibilidad posible. La democracia, argumentan, no es solo un método para elegir gobernantes. Es también un sistema de garantías, de pluralismo, de derechos que trascienden a la propiedad. Reducirla a un mecanismo electoral es despojarla de su esencia. Desde esta óptica, el libertarismo no es una corriente dentro del espectro democrático, sino su antítesis: una ideología que, llevada a sus últimas consecuencias, destruye la posibilidad de lo común.

Quienes defienden la compatibilidad, en cambio, señalan que la democracia no exige un Estado grande. Permite que las mayorías decidan el tamaño y las funciones del aparato estatal. Si esa mayoría opta por reducir impuestos, privatizar empresas o eliminar ministerios, esa decisión es tan legítima como la que los creó. El libertarismo, en esta lectura, no sería un enemigo de la democracia sino, paradójicamente, una de sus expresiones más auténticas: el pueblo decidiendo voluntariamente autolimitarse.

El fantasma del populismo libertario

El debate adquiere matices adicionales si se observa el fenómeno en perspectiva regional. El cientista político argentino Pablo Touzon ha acuñado el término "populismo libertario" para describir esta nueva corriente: un movimiento que combina la defensa radical de la libertad individual con prácticas discursivas y políticas típicas de los populismos clásicos —la confrontación con "la casta", el culto a la personalidad del líder, la descalificación de los mecanismos de representación intermedia.

Esta hibridación complica aún más el diagnóstico. El libertarismo de Milei no es el de los manuales de economía austríaca; es un libertarismo atravesado por la urgencia política, el conflicto cultural y la polarización. En ese cruce, las categorías tradicionales estallan. ¿Es un gobierno democrático que aplica políticas libertarias, o un gobierno libertario que usa la democracia como ariete para destruirla?

Hacia una definición incierta

El desenlace de esta experiencia argentina está lejos de ser previsible. Lo que sí parece claro es que el debate no se resolverá en los libros de filosofía política, sino en el terreno de la práctica institucional. Si el gobierno logra consolidar sus reformas sin romper el sistema de pesos y contrapesos, habrá probado que el libertarismo puede domesticarse dentro del marco democrático. Si, por el contrario, la tensión entre sus principios y las reglas del juego deriva en una crisis institucional, habrá confirmado las sospechas de quienes anunciaban una incompatibilidad de raíz.

Mientras tanto, una pregunta queda flotando sobre la plaza de Mayo: ¿puede un gobierno que desconfía de la democracia ser, a la vez, el más democrático de todos, simplemente porque hace lo que sus votantes le pidieron?

La respuesta, por ahora, sigue abierta. Y la Argentina entera es, sin saberlo bien, el banco de pruebas.