MANIFIESTO DE LOS SUBOFICIALES. 20DE DICIEMBRE DEL 2025. Los suboficiales reunidos en Asamblea General Extraordinaria, visto los graves acontecimientos que atraviesa nuestra obra social IOSFA, y atentos a los planes que pretenden imponer el Ministerio de Defensa y las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, manifestamos de manera clara y contundente nuestro rechazo al proyecto que impulsa la disolución de IOSFA y la creación de dos nuevas obras sociales: una para las Fuerzas Armadas y otra para las Fuerzas de Seguridad. Decimos no a entregar nuestra obra social a quienes ya han demostrado su incapacidad de gestión y han llevado a la quiebra a las anteriores obras sociales de las Fuerzas Armadas, como lOSE del Ejército, DIBA de la Armada, y DIBFA a la Fuerza Aérea, cuya fallida administración derivó en la unificación que dio origen a IOSFA. No podemos esperar resultados distintos repitiendo las mismas prácticas y confiando nuevamente en los mismos responsables. Asimismo, observamos que la política del Presidente de la Nación, Javier Milei, ha sido clara en cuanto a la necesidad de achicar el Estado y evitar la creación de nuevas estructuras burocráticas. En ese sentido, disolver IOSFA para crear dos nuevas obras sociales contradice abiertamente dichos principios, ya que implicaría un mayor gasto administrativo, duplicación de estructuras y un uso ineficiente de recursos que deberían destinarse exclusivamente a la atención de los afiliados. Desde esta Asamblea sostenemos que IOSFA no debe disolverse, sino fortalecerse y mejorarse. Para ello, resulta imprescindible dotarla de un gobierno autárquico, que es la principal carencia institucional que hoy padece. En consecuencia, exigimos la modificación de los artículos 16 y 17 del Decreto 637/2013, a fin de establecer un sistema de conducción elegido democráticamente por los afiliados. Los Suboficiales somos la mayoría y somos los verdaderos actores fundamentales de esta obra social. Sin embargo, no tenemos voz ni voto en las decisiones que afectan directamente nuestra salud y la de nuestras familias. Reclamamos, de una vez por todas, participación real, representación efectiva y control institucional. Durante los más de trece (13) años de funcionamiento de IOSFA, el cuadro de suboficiales, que constituye la mayoría absoluta de los afiliados, ha sido sistemáticamente excluido de la conducción y de la toma de decisiones. No hemos tenido representantes propios, ni voz ni voto en el Directorio, lo que configura un grave hecho de discriminación institucional hacia los suboficiales, vulnerando principios elementales de igualdad, participación y representación democrática. Esta exclusión no ha sido casual ni circunstancial, sino una política sostenida que ha privado a los verdaderos aportantes y destinatarios del sistema de salud de toda posibilidad de control y decisión sobre su propia obra social. Por todo lo expuesto, reafirmamos nuestro compromiso con IOSFA y rechazamos el proyecto que pretende disolverla para crear nuevas estructuras que no aportan ningún beneficio, ya que la creación de dos nuevas obras sociales demandaría enormes recursos económicos que deberían destinarse, prioritariamente, a mejorar las prestaciones y la atención de los afiliados. Finalmente, dejamos en claro que el Poder Ejecutivo Nacional es responsable de la situación actual de IOSFA, ya que fue quien designó al Ministro de Defensa, quien a su vez designó a las autoridades de la obra social, directa o indirectamente, incluyendo a su presidencia y vocales. En consecuencia, no resulta válido ni aceptable deslindar responsabilidades alegando decisiones administrativas pasadas. Las autoridades fueron puestas por el propio Poder Ejecutivo, y por lo tanto, la responsabilidad política e institucional es indelegable. Asimismo, exigimos que se establezcan con claridad las responsabilidades políticas, administrativas y funcionales de quienes han conducido IOSFA y han permitido —por acción u omisión— el vaciamiento, deterioro y colapso de las prestaciones de la obra social. La transparencia no es una opción: es una obligación. Los afiliados tienen derecho a saber quiénes fueron los responsables, cómo se administraron los recursos y qué decisiones llevaron a la situación actual. Reclamamos que se investigue, se determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes, para que estos hechos no queden impunes y no vuelvan a repetirse.
